En tiempos donde las asimetrías en América Latina se profundizan, relevamos datos claves a considerar en el momento de tomar decisiones de inversión y negocios en Bolivia.

Al igual que otros países de América Latina, en Bolivia el desafío de gestionar la volatilidad de los commodities es una constante. En el 2018 el 78% de las exportaciones de Bolivia fueron en gas natural, y sus principales destinos están en Brasil y Argentina. En el 2016 se nacionalizaron los hidrocarburos, pasando a propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las empresas petroleras extranjeras, entre ellas la española Repsol y la brasileña Petrobras, pasaron a integrar su cadena de valor.

Bolivia ha tenido importantes avances legislativos en los últimos años, en este aspecto en el año 2014, pone en vigencia la Ley de Promoción de Inversiones Nº 516, que establece, entre sus definiciones, una tipología que abarca desde el concepto de inversión, inversión boliviana, inversión preferente, inversión estatal productiva, inversión mixta e inversión extranjera.

Hacer negocios en Bolivia implica contemplar no solo el marco jurídico, si no también contar con el expertise de un bufete de abogados locales. El 60% de los negocios corporativos se encuentran en Santa Cruz, un 10% en Cochabamba y un 30% en La Paz, sede de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, centro político, cultural y financiero más importante de Bolivia.

Las sociedades constituidas en el extranjero pueden operar en Bolivia, para el ejercicio habitual de actos de comercio, como sucursal o representación permanente; como Unipersonal, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Colectiva, Sociedad en Comandita Simple o por Acciones, Sociedad Anónima, Sociedad Anónima Mixta.

Un rol protagónico para el sector privado lo cumple la Cámara Nacional de Comercio (CNC-Bolivia) fundada en 1890, es la organización empresarial más antigua y prestigiosa en Bolivia, de la misma podemos destacar la vinculación con FunEmpresa, Fundación sin fines de lucro responsable del Registro de Comercio de Bolivia y otorga la Matrícula de Comercio para contar con reconocimiento legal del Estado y desarrollar sus actividades empresariales, y el buró de información InfoCenter, empresa de servicios financieros complementarios, cuyo giro exclusivo es la recolección, administración y suministro de información crediticia.

En materia tributaria las rentas están gravadas por el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) la alícuota del impuesto es del 25% aplicable sobre la utilidad neta imponible, anual.

En 1911 se fundó el Banco Central de la Nación Boliviana (BCR) cuya función es mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social. Entre las entidades regulatorias se encuentra la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Las actividades financieras y la presentación de servicios financieros deben ser realizadas únicamente por entidades que tengan autorización de ASFI, según los tipos de entidades definidos en la Ley N° 393.

A partir de la promulgación de la Ley de Servicios Financieros (Ley N° 393 del 21 de agosto de 2013) se dispuso que los bancos y entidades financieras mantengan, un mínimo del 60 % de su cartera, entre créditos productivos y de vivienda social. La Ley introduce al ámbito de la intermediación financiera boliviana la función social que debe cumplir este sector y la orientación de la misma hacia el apoyo a las políticas económicas y sociales del Estado. Acorde con estos lineamientos el Decreto Supremo reglamentario N° 1842, dispuso tasas máximas de interés para los créditos de vivienda de interés social, las que deberán fijarse de acuerdo al valor comercial del inmueble sujeto de financiamiento según la siguiente escala: para inmuebles con un valor comercial menor o igual a UFV255.000, la tasa de interés máxima es de 5,5%; para inmuebles con un valor entre UFV255.001 y UFV380.000 corresponde una tasa máxima de 6%; y para valores entre UFV380.001 y UFV460.000 la tasa máxima es 6,5%. Asimismo, el Decreto Supremo N° 2055 estableció tasas de interés máximas para créditos empresariales (6%), PYME (6% a 7%) y microcréditos (11,5%) destinados al sector productivo.

El índice de referencia que muestra la evolución diaria de precios, se denomina Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), y se calcula sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), órgano ejecutivo que tiene las funciones de relevar, clasificar, codificar, compilar y difundir, con carácter oficial, la información estadística del país. Datos (Población 11.469.896, Tipo de Cambio Bs 6,96, UFV Bs2,32714, Tasa de Referencia 2,69 %, Inflación Noviembre, 1,11%, 12 meses 3,41%, Pobreza Extrema 2018 15,2 %).

La estabilidad en el tipo de cambio ha permitido una mayor profundización de la bolivianización (uso del boliviano en depósitos, créditos y transacciones en general). La política cambiaria ejerció un rol significativo, con la estabilidad del tipo de cambio nominal, contribuyendo a preservar los avances del proceso de Bolivianización financiera; es también determinante para mantener baja la inflación y la estabilidad del sistema financiero, se destaca en el último informe de política monetaria.

En el país no existe restricción para empresas y ciudadanos en la comprar moneda extranjera, de la misma forma que para el ingreso y salida de capitales y para la remisión al exterior de dividendos. Para las cuentas en dólares se aplica una alícuota del 3.5 por mil en concepto de Impuesto a las Transacciones Financieras ITF. Las personas naturales y empresas públicas, privadas o mixtas, sean nacionales o extranjeras, deben presentar una declaración jurada de sus operaciones de salida o ingreso de divisas, dependiendo el monto de la operación en el BCB o en el Ministerio de Hacienda; la comisión del BCB para la salida de divisas paso de 0,3% al 2%. Para el ingreso de divisas, los bancos cobran una comisión del 0,5%.

El órgano regulador encargado de supervisar el Mercado de Valores es La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) creada mediante la Ley de Propiedad y Crédito Popular No. 1864 publicada en fecha 22 de junio de 1998.

El ámbito de aplicación de esta Ley y sus reglamentos contempla al Mercado de Valores bursátil y extrabursátil, norma la oferta pública y la intermediación de Valores, las bolsas de valores, las agencias de bolsa, los administradores de fondos y los fondos de inversión, las sociedades de titularización y la titularización, las calificadoras de riesgo, los emisores, las entidades de depósito de valores, así como las demás actividades y personas naturales o jurídicas que actúen en el Mercado de Valores de la República de Bolivia.

Entre las entidades reguladas existen 12 sociedades de Bolsa, 5 calificadoras de riesgo, 102 emisores públicos y privados, 70 fondos de inversión, 14 administradoras de fondos de inversión.

La Bolsa Boliviana de Valores, fundada en abril de 1979 como una sociedad anónima, cumple la función de facilitar la negociación de valores, brindando al mercado y a sus miembros los sistemas y mecanismos adecuados de ejecución de transacciones, incluyen la provisión de un recinto físico, esquemas tecnológicos, así como la definición de reglas claras de funcionamiento.

Las operaciones en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. batieron récord por noveno año consecutivo, mostrando la importancia del mercado de valores en la generación de recursos destinados al financiamiento e inversión. Durante la gestión 2018, se negociaron un total de $us17.210,27 millones, 34,5% más respecto al año 2017. El incremento en las negociaciones se dio, principalmente, como resultado de mayores negociaciones con depósitos a plazo fijo y con bonos del Tesoro General de la Nación (TGN). Durante este año, el 96,9% de las operaciones se registraron con valores de renta fija y el restante 3,1% se registró en operaciones con valores de renta variable, en subasta de acciones no inscritas en bolsa y en pagarés en mesa de negociación.

Los valores emitidos por el sector privado financiero (bonos bancarios y Depósitos a Plazo Fijo DPFs), representan la mayor participación dentro de las negociaciones realizadas durante el año con el 84,6%, a esta participación le siguen, pero con una gran diferencia, las operaciones realizadas con valores emitidos por el sector público (letras del Banco Central de Bolivia, bonos y cupones del TGN y bonos municipales) que representan el 9,2% del total negociado en la Bolsa en la gestión 2018. Por último, las operaciones realizadas por el sector privado no financiero (bonos de largo plazo, pagarés, valores de titularización, acciones y cuotas de participación) representan el 6,2% de las negociaciones durante el año.

Destacamos la predisposición de los diferentes organismos públicos y privados para aportar al desarrollo de este reporte, considerando la etapa que está atravesando el País. Denotamos grandes desafíos, no solo sociopolíticos e institucionales, sino también de integración y apertura comercial internacional, en la promoción y atracción de inversiones. El sector privado transmite visión de apertura, abiertos a la innovación, al desarrollo de nuevos canales de negocios, desde sectores de agua y saneamiento, infraestructuras de transporte, hospitales a energías renovables, gestión de residuos, hidrocarburos, minería, equipamiento y servicios de consultoría, tics e ingeniería presentan oportunidades en Bolivia.