Tratado entre la Republica Argentina y la Republica de Chile sobre Integración y Complementación Minera.

ARTICULO 1

Alcances y objeto del Tratado

El Tratado constituye un marco jurídico que regirá el negocio minero dentro de su ámbito de aplicación y tiene por objeto permitir a los inversionistas de cada una de las Partes participar en el desarrollo de la integración minera que las Partes declaran de utilidad pública e interés general de la Nación.

Las prohibiciones y restricciones vigentes en las legislaciones de cada Parte, referidas a la adquisición de la propiedad, el ejercicio de la posesión o mera tenencia o la constitución de derechos reales sobre bienes raíces, o derechos mineros, establecidas en razón de la calidad de extranjero y de nacional chileno o argentino, no serán aplicables a los negocios mineros regidos por el presente Tratado.

Asimismo, las Partes permitirán, conforme a sus respectivos ordenamientos jurídicos.

a) El acceso, desempeño y protección de todas las actividades y servicios que tengan relación con el negocio minero, mediante el ejercicio de los derechos establecidos en la legislación de cada una de las Partes, entre los cuales se incluyen las servidumbres y otros derechos contemplados a favor de las concesiones mineras y las plantas de beneficio, fundición y refinación, todos los cuales se extenderán a las concesiones y plantas del territorio de la otra parte en que se aplique el Tratado.

El Protocolo Adicional Específico a que se refiere el Artículo 5, determinará el área de constitución de las servidumbres necesarias y de ejercicio de los derechos consagrados en el párrafo precedente.

b) el desarrollo del negocio minero, y

c) El desarrollo de las actividades accesorias al negocio minero.


ARTICULO 2

Términos empleados

Para todos los efectos del presente Tratado, los siguientes términos designan:

A) Negocio minero: Conjunto de actividades civiles, comerciales o de otra naturaleza que se relacionan directamente, con la adquisición, investigación, prospección, exploración y explotación de yacimientos o de concesiones y derechos mineros en general; con el beneficio de minerales y obtención, a partir de ellos, de productos y subproductos mediante su fundición, refinación u otros procesos; y con el transporte y comercialización de los mismos.

B) Actividad accesoria: Toda otra actividad que, sin tener intrínsecamente el carácter minero, está directamente relacionada con la operación y el desarrollo del negocio minero.

C) Inversión: Deberá entenderse en los términos definidos por el numeral 1 del Artículo 1 del Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca e Inversiones vigente entre ambas Partes, suscrito el 2 de agosto de 1991.

D) Inversionista: los "nacionales" y "sociedades" que destinan recursos al negocio minero o a sus actividades accesorias en el ámbito del Tratado. Los conceptos de "nacionales" y "sociedades" son empleados en el sentido que les asigna el Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

— El concepto "nacionales" designa:

a) Con referencia a la República de Chile: los chilenos en el sentido de la Constitución de la República de Chile;

b) Con referencia a la República Argentina: los argentinos en el sentido de las disposiciones legales vigentes en la República Argentina.

— El concepto "sociedades" designa todas las personas jurídicas constituidas conforme con la legislación de una Parte y que tengan su sede en el territorio de dicha Parte, independientemente de que su actividad tenga o no fines de lucro.

E) Prospección:

a) Con referencia a la República de Chile significa: trabajos geológicos mineros conducentes a examinar o evaluar el potencial de recursos mineros detectados.

b) Con referencia a la República Argentina significa: Conjunto de acciones y trabajos que permiten identificar, mediante la aplicación de una o más técnicas de reconocimiento geológico, zonas de características favorables para la presencia de acumulaciones de minerales y yacimientos.

F) Exploración:

a) Con referencia a la República de Chile significa: conjunto de acciones y trabajos que permiten identificar, mediante la aplicación de una o más técnicas de reconocimiento geológico, zonas de características favorables para la presencia de acumulaciones de minerales y yacimientos.

b) Con referencia a la República Argentina significa: Trabajos geológicos mineros conducentes a examinar o evaluar el potencial de recursos mineros detectados.

G) Explotación: Extracción de sustancias minerales para su aprovechamiento económico.

H) Beneficio: Proceso en el cual se someten a tratamiento a los minerales, con el objeto de concentrar las sustancias útiles, separándolas de las que carecen de significación económica.

I) Fundición: Proceso de fusión de minerales, concentrados o precipitados de éstos, con el objeto de separar el producto metálico que se desea obtener, de otros minerales que los acompañan.

J) Refinación: Proceso destinado a separar las sustancias consideradas impurezas, de un producto metálico obtenido por fundición o lixiviación, de la sustancia o metal que se desea obtener, ya sea mediante fundición o por un proceso electroquímico.

K) Maquila o Transformación por Terceros: Actividad por la cual un producto minero es procesado en plantas de tratamiento pertenecientes a personas naturales o físicas y jurídicas distintas del propietario de dicho producto minero, el que paga con una porción de la producción o en dinero.

L) Área de Operaciones: Zona delimitada en el Protocolo Adicional Específico correspondiente y en donde se desarrolla el negocio minero respectivo. En tal zona cada una de las Partes ejercerá los controles pertinentes, con las modalidades de facilitación fronteriza que dicho Protocolo contemple.

M) Control Integrado: La actividad realizada en uno o más lugares, utilizando procedimientos administrativos y operativos compatibles y semejantes en forma secuencial y, siempre que sea posible, simultánea, por los funcionarios de los distintos organismos de ambas Partes que intervienen en el Control.


ARTICULO 3

Ámbito de Aplicación

El Ámbito de Aplicación del Tratado es la zona definida por la vinculación de las coordenadas geográficas que figuran en el Anexo I.

La representación de los puntos que corresponden a los vértices de las coordenadas indicadas en el Anexo I, figura en el mapa referencial que constituye el Anexo II del presente Tratado.

Ambos Anexos constituyen parte integrante del presente Tratado.

El Ámbito de Aplicación excluye toda clase de espacios marítimos, territorios insulares, o el borde costero como se encuentra definido este último en la legislación de cada Parte.

La extensión del Ámbito de Aplicación podrá realizarse por acuerdo entre las Partes, por el mismo procedimiento de entrada en vigor del presente Tratado.


ARTICULO 4

Trato Nacional

Dentro del ámbito de aplicación del presente Tratado y con relación a los derechos mineros y a las actividades mencionadas en el Artículo 1, ninguna de las Partes someterá a los inversionistas de la otra Parte, a un trato menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales y sociedades.


ARTICULO 5

Protocolos Adicionales Específicos

Los inversionistas que requieran de las facilitaciones fronterizas, actividades transfronterizas, la constitución de servidumbres o el ejercicio de los derechos contemplados en el Artículo 1, párrafo tercero, literal a), para el desarrollo de negocios mineros, deberán solicitarlos a la Comisión Administradora establecida en el Artículo 18 del presente Tratado. La Comisión Administradora, previa evaluación, podrá recomendar a las Partes la adopción de Protocolos Adicionales Específicos, en los que se determinará el Área de Operaciones y los procedimientos que en cada caso correspondieren. Los Protocolos Adicionales Específicos entrarán en vigor en la fecha de su firma.

Las Partes podrán, cuando sea necesario, en los Protocolos Adicionales Específicos, determinar un área que exceda excepcionalmente el Ambito de Aplicación del presente Tratado para la constitución de las servidumbres contempladas en el Artículo 1.


ARTICULO 6

Facilitación Fronteriza

Las Partes, de acuerdo con sus respectivas legislaciones y para cada Protocolo Adicional Específico, realizarán acciones de coordinación de sus organismos públicos competentes, de modo de facilitar a los inversionistas de ambas Partes el desarrollo del respectivo negocio minero.

Asimismo, permitirán con ese objeto, el uso de toda clase de recursos naturales, insumos e infraestructura contemplado en el respectivo Protocolo Adicional Específico, sin discriminación alguna, en relación con la nacionalidad chilena o argentina de los inversionistas.

Las Partes podrán establecer controles integrados para los procedimientos administrativos y operativos con el fin de facilitar el acceso y la salida del Area de Operaciones en el territorio de una o ambas Partes.


ARTICULO 7

Aspectos Tributarios y Aduaneros

Las Partes acuerdan que las personas físicas o jurídicas, domiciliadas residentes o constituidas en el territorio de ellas, que se dediquen al negocio minero o actividades accesorias a él, al amparo de este Tratado, se sujetarán en lo relativo a la tributación interna que las afecte, a la legislación interna de cada Parte, o a el o los acuerdos específicos para evitar la doble tributación vigentes entre ellas, y a lo dispuesto en el presente Artículo.

Asimismo, las Partes acuerdan que, exclusivamente para efectos tributarios y aduaneros no constituirá importación, exportación ni admisión o salida temporal, el movimiento de bienes provenientes de fuera del Área de Operaciones y que se realice dentro de dicha Área —definida como tal en el Protocolo Adicional Específico correspondiente— los que circularán libremente dentro de ella sujetos a las medidas de facilitación y coordinación que determinen los Servicios competentes. Se aplicarán las normas generales de importación o exportación, según sea el caso, toda vez que un bien salga del Área de Operaciones al territorio de un país diferente de aquel por el cual entró originalmente a dicha Área.

Las mercancías nacionales o nacionalizadas de una u otra Parte que ingresen al Area de Operaciones o salgan de la misma, no estarán afectas al pago de los derechos, impuestos, gravámenes y recargos de orden aduanero o tributario que pudieran afectar la destinación aduanera respectiva, siempre y cuando ese ingreso y salida se efectúe por el mismo territorio. Para los efectos del presente Tratado los ingresos y salidas referidos no constituirán importación o exportación, según proceda. Con todas las transacciones comerciales referentes a dichas mercancías que se lleven a cabo dentro de la citada Área estarán afectas a los impuestos, derechos, y demás gravámenes aduaneros y tributarios de carácter general, según proceda.

Las mercancías extranjeras para ambas Partes que ingresen a dicha Área o salgan de la misma, se sujetarán a la legislación aduanera y tributaria general aplicable en una u otra Parte, según proceda. Igualmente, las mercancías obtenidas o producidas en el Área de Operaciones se sujetarán a tales prescripciones generales de cada Parte en lo que correspondiere.

Cumplidas las exigencias dispuestas en los incisos precedentes, las mercancías referidas podrán circular libremente en las citadas Áreas, sujetas a las medidas de facilitación o coordinación que determinen los órganos y servicios competentes.

Las personas físicas domiciliadas o residentes y las personas jurídicas constituidas en el territorio de las Partes que desarrollen el negocio minero, quedarán obligadas a acreditar a las autoridades tributarias de la otra Parte que así lo solicitare, de acuerdo a los procedimientos técnicos normalmente utilizados en la actividad minera, el origen del mineral extraído, precisando qué cantidades provienen de una de las Partes y cuáles del territorio de la otra. Asimismo, las Partes se obligan a dar las facilidades que resulten necesarias para que las autoridades tributarias y mineras de la otra Parte puedan verificar físicamente el cumplimiento de tales procedimientos.

Las rentas o ganancias originadas por ventas o exportación del mineral extraído del territorio de una Parte, perteneciente a la persona física domiciliada o residente, o a la persona jurídica constituida o radicada en ella, que desarrolle el negocio minero en la misma, sólo podrán ser sometidas a imposición por esa Parte, aun cuando al producirse esas transacciones el mineral se encuentre situado en el territorio de la otra Parte por haber sido procesado en ella.

Las Partes acuerdan que los contratistas o subcontratistas contratados por una persona física o jurídica domiciliada, residente o constituida, según corresponda, en el territorio de una de las Partes, que presten servicios en el territorio de la otra para los efectos de posibilitar la extracción del mineral ubicado en el territorio de la primera Parte, recibiendo exclusivamente contraprestaciones por su servicio de la persona física o jurídica contratante, sólo quedarán sometidos a la tributación interna de la Parte en la que se domicilie, resida o se haya constituido el contratante, respecto de tales servicios y de las rentas que generen.

Asimismo, las Partes acuerdan que igual criterio se aplicará respecto de las actividades que las personas físicas o jurídicas, domiciliadas, residentes o constituidas en el territorio de una Parte, que desarrollen el negocio minero, realicen en el territorio de la otra con la misma finalidad.

De igual manera, el personal dependiente, que trabaje en el Área de Operaciones, quedará sujeto al régimen tributario del país en que se encuentra contratado, independientemente de sus desplazamientos físicos dentro del Área de Operaciones.

Tratándose de servicios no considerados en los párrafos anteriores que se presten en el Area de Operaciones o a las personas físicas o jurídicas que desarrollan el negocio minero en ella, las Partes acuerdan que sólo quedarán sujetos a los impuestos al consumo de la Parte en la que se realice la prestación.

Los problemas tributarios que pueda generar la aplicación del presente Artículo, serán sometidos por la Comisión Administradora a consideración de las autoridades competentes del Convenio bilateral para Evitar la Doble Imposición Internacional que se encuentre en vigor, a fin de que éstas los resuelvan de acuerdo con el procedimiento previsto en el mismo, aun cuando se refieran a tributos no incluidos en dicho convenio.


ARTICULO 8

Regímenes Promocionales

Los negocios mineros que se desarrollen al amparo del presente Tratado gozarán, cuando corresponda, en cada Estado, de los beneficios y franquicias que las Partes establezcan, no obstante que los procesos involucrados en cada negocio minero, se realicen en los territorios de ambas Partes.


ARTICULO 9

Aspectos Previsionales

Lo relativo a la seguridad social se sujetará a lo dispuesto en el Convenio de Seguridad Social vigente entre las Partes y a la legislación nacional de cada una de ellas, en lo que sea aplicable.


ARTICULO 10

Aspectos Laborales

La legislación laboral aplicable será la del país donde el trabajador cumpla sus tareas, preste sus servicios o desarrolle efectivamente la actividad. Cuando las tareas se desarrollen indistintamente en ambos lados de la frontera se aplicará la ley del lugar de la celebración del contrato de trabajo. En caso de duda acerca de la legislación aplicable, prevalecerá el principio de la legislación más favorable al trabajador.


ARTICULO 11

Inversiones y Gastos Consecuenciales

Cualquier gasto de inversión y operación en que deban incurrir las Partes, sus empresas o instituciones, como consecuencia del desarrollo de un negocio minero, contemplado en el respectivo Protocolo Adicional Específico, deberá ser asumido por el o los inversionistas que emprendan dicho negocio minero.


ARTICULO 12

Medio Ambiente

Las Partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre protección del medio ambiente, sometiendo las actividades mineras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile y a la Declaración de Impacto Ambiental en la Argentina, según corresponda.

Asimismo, las Partes promoverán el intercambio de información relevante, que tenga relación con los principales efectos ambientales de cada uno de los negocios mineros o actividades accesorias, comprendidas en el presente Tratado.


ARTICULO 13

Salud de las Personas

Las Partes aplicarán en el ámbito de la salud de las personas, en las áreas de la salud en general y laboral, las disposiciones de sus legislaciones vigentes. Sin perjuicio de ello, en caso de existir diferencias entre éstas se deberán adoptar las normas de mayor nivel de exigencia.

Asimismo, las Partes aplicarán su legislación racional en materias sanitarias relativas a alimentos, productos farmacéuticos, salud ambiental, manejo de productos químicos y otros.

Las Partes intercambiarán toda información sanitaria relevante que tenga relación o se produzca a raíz del desarrollo de los proyectos mineros comprendidos en el presente Tratado.

Las empresas titulares de los proyectos mineros comprendidos en el presente Tratado serán responsables de pagar los gastos por atenciones de salud de sus trabajadores y de los de las empresas contratistas o subcontratistas que empleen en el negocio minero respectivo, que le sean otorgadas en los establecimientos asistenciales de la Parte a cuya legislación sanitario previsional no se encuentren afectos, cuando sean trasladados a ellos para ese efecto a petición de la empresa.

Las Partes permitirán el desarrollo de su actividad, dentro del Área de Operaciones del proyecto minero, a los profesionales y técnicos del área de la salud que se encuentren autorizados para tal ejercicio según la legislación de la otra Parte en todos aquellos casos o circunstancias que pongan en peligro la vida o la salud de las personas que se encuentren en el Área de Operaciones.


ARTICULO 14

Recursos Hídricos Compartidos

La utilización de los recursos hídricos compartidos, para todos los efectos del presente Tratado, deberá llevarse a cabo de conformidad con las normas de derecho internacional sobre la materia y, en especial, de conformidad con el "Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas" del 26 de junio de 1971, del "Tratado sobre Medio Ambiente" entre la República Argentina y la República de Chile firmado el 2 de agosto de 1991 y del "Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República Argentina y la República de Chile" de la misma fecha.


ARTICULO 15

Preservación de la Demarcación Limítrofe

Las empresas que operen en virtud del presente Tratado, no podrán efectuar trabajos que afecten los hitos o alteren cursos y divisorias de aguas u otros accidentes geográficos que determinan el límite internacional entre las Partes. Cualquier situación especial que pudiera plantearse en relación con esta materia deberá ser consultada con los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes a fin de que, con intervención de la Comisión Mixta de Límites, sea debidamente considerada. Los gastos de la Comisión Mixta que puedan ser necesarios para atender estos casos, serán sufragados por las empresas interesadas.

Los Ministerios de Relaciones Exteriores a través de la Comisión Mixta de Límites serán competentes para conocer de cualquier consulta o requerimiento relativo a la determinación precisa de la traza limítrofe, que realicen las Partes, para efectos de la aplicación del presente Tratado.


ARTICULO 16

Cese y Suspensión del Negocio Minero

Las Partes acuerdan que, una vez que concluya por cualquier causa el negocio minero acogido a las disposiciones del Tratado, los bienes inmuebles adquiridos para el desarrollo de dicha actividad continuarán sujetos a las normas jurídicas de cada Parte.

La Comisión Administradora podrá, a solicitud del inversionista, suspender por tiempo definido y renovable las facilitaciones fronterizas otorgadas por un Protocolo Adicional Específico, en la medida que el negocio minero lo requiera y así el inversionista lo demuestre. El inversionista podrá solicitar la renovación de la suspensión de las facilitaciones fronterizas, con una anterioridad de, a lo menos, treinta días antes de la fecha de término del plazo de suspensión otorgado por la Comisión Administradora. En caso que el o los inversionistas lo requieran, deberán solicitar la reanudación de las facilitaciones fronterizas suspendidas, con una antelación de treinta días, como mínimo, antes de la fecha de término del período de suspensión que se les hubiera concedido.

Si el inversionista no solicita la renovación del período de suspensión de las facilitaciones fronterizas otorgado por la Comisión Administradora, como tampoco pide la reanudación de tales facilitaciones, dentro de los plazos precedentemente señalados, se tendrá por terminado el Protocolo Adicional Específico.


ARTICULO 17

Excepciones Generales

Ninguna disposición del presente Tratado será interpretada en el sentido de impedir que una de las Partes adopte o aplique medidas de conformidad con el Artículo 50 del Tratado de Montevideo 1980 o con el Artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1994.


ARTICULO 18

Administración y Evaluación del Tratado

La administración y evaluación del Tratado, estará a cargo de una Comisión Administradora, integrada por representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y de Relaciones Exteriores de la República de Chile, y de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la República Argentina y del Ministerio de Minería de la República de Chile. La Comisión Administradora podrá convocar a los representantes de los organismos públicos competentes cuando así lo requieran.

Dicha Comisión se constituirá dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha de entrada en vigencia del Tratado y en su primera reunión establecerá su reglamento interno.

La Comisión Administradora adoptará sus decisiones de común acuerdo.

La Comisión Administradora del Tratado tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a) Implementar los mecanismos necesarios para garantizar la ejecución del Tratado;

b) Desarrollar las acciones pertinentes conducentes a la suscripción de los Protocolos Adicionales Específicos en los negocios mineros que así lo requieran, velando por su debida aplicación;

c) Efectuar recomendaciones a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y de Relaciones Exteriores de la República de Chile, a las autoridades y organismos competentes en la materia de que se trate, con respecto a los problemas que pudieren surgir en la aplicación de las disposiciones del presente Tratado;

d) Participar en la solución de controversias en conformidad con lo previsto en los Artículos 19 y 20 del presente Tratado, y,

e) Cumplir con las demás tareas que se le encomienden a la Comisión Administradora en virtud de las disposiciones de este Tratado, sus Protocolos Adicionales, Protocolos Adicionales Específicos y otros instrumentos que deriven del mismo.


ARTICULO 19

Solución de Controversias entre las Partes

Las controversias que pudieren surgir entre las Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado, sus Protocolos Adicionales, Protocolos Adicionales Específicos y otros instrumentos que de él se deriven, deberán, en lo posible, dirimirse por medio de negociaciones directas realizadas a través de la Comisión Administradora.

Si mediante dichas negociaciones directas no se llegare a una solución, dentro del término de ciento ochenta días corridos a contar de la fecha en que una de las Partes haya comunicado por escrito a la otra su intención de someter la controversia a la referida instancia, la recurrente podrá someterla a consideración del Consejo de Complementación Económica, conforme al procedimiento previsto por los artículos 4º y siguientes del Capítulo III del Segundo Protocolo Adicional del ACE 16, concertado entre Argentina y Chile.


ARTICULO 20

Solución de controversias entre una Parte y un inversionista de la otra Parte

El Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscripto por la República Argentina y la República de Chile con fecha 2 de agosto de 1991 y actualmente vigente, se aplicará a las controversias que surjan entre una Parte e inversionistas de la otra Parte.


ARTICULO 21

Incorporación de Protocolos

Los Protocolos Adicionales que regulan los negocios mineros desarrollados por inversionistas de cualquiera de las Partes que se hubieren suscripto al amparo del ACE 16 se incorporarán al presente Tratado, a partir de su entrada en vigor.


ARTICULO 22

Entrada en Vigor y Duración

El presente Tratado será ratificado por las Partes y entrará en vigor en la fecha del canje de los instrumentos de ratificación. Este Tratado tendrá una duración indefinida.


ARTICULO 22

Denuncia

Transcurridos treinta años de su vigencia, cualquiera de las Partes podrá denunciar —por la vía diplomática— el presente Tratado, no pudiendo surtir efecto dicha denuncia, antes de los tres años de efectuada.

Con respecto a las inversiones efectuadas con anterioridad a la fecha en que se hiciere efectivo el aviso de terminación de este Tratado, sus disposiciones permanecerán en vigor hasta el cese del negocio minero objeto de la inversión.

Hecho en San Juan, República Argentina y en Antofagasta, República de Chile, el 29 de diciembre de 1997 en dos originales, siendo ambos igualmente auténticos.





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